La administración tiene obligación de negociar y reglamentar la carrera profesional

 

Por Julio Conesa

 

Tengo en mis manos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2925/2022 sobre la obligación de regular/reglamentar la carrera profesional. Puede que haya más sentencias de este tipo, pero es la que me ha llegado.

 

Su origen, una reclamación contra el Ayuntamiento de Benidorm que fue desestimada inicialmente por el juzgado y que acabó en el TSJCV.

 

Esta Sentencia es muy interesante, no solo porque da la razón a los demandantes en el sentido de que se debe proceder a la regulación y reglamentación de la carrera profesional en este caso, pese a la negativa del ayuntamiento, sino por la deriva que la argumentación utilizada puede tener en el resto de administraciones y de la que debemos hacer uso en términos sindicales.

 

La Sentencia inicial del Juzgado le reconocía al Ayuntamiento la falta del establecimiento por la ley de un plazo o término obligatorio, lo que convertía de facto, en potestativa la decisión de regular.

 

Desestima el recurso, dado que el desarrollo reglamentario, que además compete a la negociación colectiva, no se había realizado.

 

Evidentemente “pescadilla que se come la cola”. Si no hay plazo que obligue y no tengo intención de negociar, entonces no hay reglamentación, por lo tanto, no se puede exigir que se aplique lo que no se ha negociado porque no existe. Perfecto. Lo de siempre.

 

Pero la Sentencia del TSJCV que ahora comentamos nos dice:

 

1º.- Nos dice que ya el Supremo estableció en varias sentencias que “que hay una obligación incondicionada impuesta por una ley”, en este caso la regulación de la carrera profesional en el R.D. Legislativo 5/2015 (TREBEP) artículos 16, 17 y 20. También el art. 117 de la Ley 10/2010 Función Pública Valenciana.

 

2º.- Que se trata de control judicial de la inactividad u omisión reglamentaria de una administración y no de decidir cuál debe ser su contenido, por ser exclusivo de cada administración competente.

 

3º.- No es rechazable por tanto que el Tribunal condene a la Administración a elaborar y promulgar una disposición reglamentaria a la que tiene obligación.

Estamos, ante un caso de inactividad formal, " pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamentaria- , es decir, la administración ha incumplido de un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración -por omisión- al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto y, por ello, ante una actuación susceptible de control por los Tribunales a tenor de los artículos 106.1 de la Constitución Española y 8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial . Como hemos visto la Administración no ha ejecutado la previsión de desarrollo reglamentario para la efectividad de la carrera profesional y régimen retributivo de los recurrentes". 

Resuelto el tema de la obligación de reglamentar, el TSJCV le daba 6 meses al Ayuntamiento de Benidorm para llevar a efecto este cometido, cosa que ha tenido lugar y que ha supuesto la negociación, aprobación y publicación del Reglamento de Carrera Profesional del personal del ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 3 de enero de 2023.

 

La negociación colectiva, el riesgo de judicializarla.

 

Por Julio Conesa.

Una reciente sentencia del Juzgado de la Contencioso-Administrativo numero diez de Valencia desestima la pretensión de nulidad del Presupuesto por falta de negociación.

Este Fallo favorable al Ayuntamiento, le ha dado alas para seguir en su dinámica y despreciar la negociación en un sin fin de asuntos que están pendientes de ser abordados.

Veamos. 

La realidad es que la practica de desprecio hacia la negociación colectiva por parte del Ayuntamiento viene de lejos.

El propio Juzgado admite como cierto que el Ayuntamiento cuando convoca la Mesa de Negociación no lo hace con la intención de negociar, sino de dar cuenta de los asuntos, y plantea que esta situación sería fácilmente subsanable si se proporcionara la información necesaria y se abriera un debate al respecto, cosa que no hace.

Reconoce así mismo que revisando las actas aportadas comprueba que hay mas de 16 temas pendientes sobre los que no ha habido negociación alguna: plan de ordenación de recursos humanos, calendario laboral, participación en el diseño y oferta de empleo público, actualización de plantilla, etc.

Visto el contenido de la Sentencia se deduce que el Juzgado desestima la pretensión por excesiva. Impugnar la totalidad del Presupuesto porque se viene arrastrando una enorme insatisfacción como consecuencia de la falta de interés por negociar en múltiples asuntos, no parece razonable. Máxime, si tenemos en cuenta que el propio Juzgado admite que habiendo aspectos que si que podrían ser objeto del recurso, no se han especificado de manera clara, no se ha podido conocer en que consiste exactamente la reclamación de la negociación, el alcance real de la misma y por tanto no se puede acceder a estimar de manera integra la solicitud de nulidad del Presupuesto.

Finalmente el Juzgado intuye que el recurso al Presupuesto se debe “al malestar sindical por la pasividad y desidia municipal a la hora de abordar temas de gran importancia”.

En estas condiciones el Fallo es desestimatorio, por lo tanto que conclusión podemos sacar a la vista de nuestra experiencia en el campo de la negociación y la acción sindical.

Una primera es evidente: no siempre la vía judicial va a resolver los problemas a los que nos enfrentamos.

La lucha en torno al respeto de la negociación colectiva es principalmente una materia de acción sindical, información y concienciación entre los trabajadores y trabajadoras (reuniones, asambleas), protestas organizadas utilizando todos los mecanismos que podamos.

Si hay que utilizar la vía judicial se debe acumular documentación y pruebas que evidencien esa falta de negociación y de respeto por la negociación en cada asunto. Los recursos deben ir a cada asunto concreto.

Debemos poner en evidencia las sesiones de la Mesa en las que no hay negociación, para ello es necesario que conste por escrito nuestra petición con tiempo de la información para poder aportar nuestras propuestas ante los asuntos a tratar, ojo, todos y cada uno de los temas.

Nuestras propuestas deben estar razonadas, documentadas y deben contar con argumentos de peso.

En acta debemos poner en evidencia la posición del Ayuntamiento cuando no quiera entrar a debatir y buscar un acuerdo sobre la materia concreta.  Y  un voto claro y justificado por nuestra parte.

Por si no hicieran figurar bien nuestra posición en acta, deberíamos presentar escrito por registro con nuestra versión de lo acontecido y solicitando que se adjunte al acta.

Las emergencias ante la encrucijada

 

Por Julio Conesa.

 

El pasado 5 de abril, desde el Consorcio de Bomberos de Alicante, el portavoz de CGT anunciaba el inicio de movilizaciones para parar el proyecto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

 

Para alguien ajeno a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, resultará extraño que se proteste contra la creación de un servicio por parte de la Generalitat con personal propio, incorporado tras la absorción de las plantillas de la empresa pública TRAGSA y destinadas a los incendios forestales.

 

Los llamados Bomberos Forestales vienen existiendo en nuestra comunidad desde hace décadas y fruto del empeño de estos trabajadores ha sido, poco a poco, su reconocimiento profesional en el ámbito de la prevención y la extinción de incendios en el ámbito forestal, así como el reconocimiento de su colaboración con los bomberos de los consorcios provinciales dependientes de las diputaciones en las emergencias. 

 

Argumentan aquellos que se oponen a la creación de la UVE, que supondrá privatizar un servicio público, cuando la verdad es que se trata de personal integrado a través de un “servicio público” proveniente de una “empresa pública” y enmarcándose en una Unidad de Emergencias que representa “gestión directa” por parte de la Consellería.

 

Se habla de la invasión competencias, cuando del borrador de decreto no puede concluirse dicha afirmación, ya que los niveles competenciales están definidos por ley y la Generalitat no puede mas que respetar las normas establecidas en los planes de protección civil.

 

Y finalmente, lo más fuerte es la denuncia de usurpación de funciones. Si hemos dejado claro que las competencias están definidas por ley y no es posible esa invasión sin quebrantarla, cosa que una administración tiene prohibido y que sería objeto de recurso por parte de la administración central, ¿entonces de que hablan? ¿Del hecho de que practiquen la prevención y la extinción de incendios dentro del marco competencial propio en el que vienen trabajando desde hace decenas de años?

 

Creo sinceramente que no se sostienen esos argumentos y que además van contra la lógica de la coordinación de servicios y la posterior integración de todos en una estructura única capaz de rentabilizar personas, economías y reducir entramados ineficaces e ineficientes.

 

Como consecuencia del anuncio de movilizaciones el Grupo Parlamentario Popular se ha pronunciado por boca de su portavoz de Gobernación del PP, Verónica Marcos, que considera la UVE, como “otro chiringuito más que no soluciona problemas” y además afirma que “todos los sindicatos coinciden: la UVE es otro chiringuito mas del tripartito que no soluciona los problemas de coordinación entre los bomberos forestales y los de los Cuerpos de los Consorcios Provinciales y Municipales.”

A ver. No es otro chiringuito, puesto que pretende redimensionar haciendo más eficaz y eficiente lo que ya existe en el ámbito de la Generalitat, puesto que pertenece y depende directamente de la Conselleria.

 

Pero tiene razón en lo siguiente: “no soluciona los problemas de coordinación” entre bomberos forestales y bomberos de los consorcios. Y ello porque por ahora no se puede ir más allá. Había 6 servicios de bomberos en las administraciones locales y 1 de bomberos forestales de la Generalitat. Y ahora seguirá habiendo los mismos servicios. Nada cambia.

 

Verónica debería recordar que estos problemas vienen de hace muchos años y que nadie ha sido capaz de hincarle el diente. Los verdaderos “chiringuitos” se han opuesto siempre a cualquier propuesta de integración, creación de estructuras unificadas, control efectivo de la Generalitat y asunción de los servicios por ésta. Tanto es así que el primer intento serio por conseguirlo (Conseller Serafín Castellano) mediante la propuesta de creación de un Consorcio Único Autonómico de SPEIS (Bomberos) recibió la oposición radical de los mismos que ahora se oponen a la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias, que por cierto no les atañe.

 

Y han llegado a esgrimir que para crear la UVE mejor vayamos al Cuerpo Único de Bomberos, algo que han estado rechazando y torpedeando desde los servicios desde siempre y que le supuso grandes disgustos al Conseller Serafín Castellano.

El derecho de información ante la guerra

 Por Julio Conesa.

Me ha costado decidirme a escribir. Lo he pensado bastante porque puede qué lo que vaya a decir no se entienda, se considere no adecuado en estas circunstancias.

No me refiero a la invasión de Ucrania por Putin, a la guerra, a la masacre que se está produciendo.

Ni tampoco a la admirable atención que se está dando a las personas refugiadas. Ver cómo se han volcado las organizaciones humanitarias, la ciudadanía y las administraciones.

Sino porque con la excusa de que la primera víctima de toda guerra es la verdad se ha optado en nuestras democracias occidentales por “prohibir” y lo digo con estas palabras: “prohibir” aquellos medios de información, comunicación qué procediendo de fuentes rusas o vinculadas a estas, estén dando información susceptible de entenderse cómo manipulada y en beneficio ver los argumentos del Kremlin.

Me preocupa cómo ciudadano de un Estado social y democrático de derecho qué se acepte como normal la prohibición de la libertad de expresión, de información y de opinión, cómo si no fuéramos adultos autónomos con conocimiento, con capacidad de discernir, con pensamiento crítico, qué puedan formarse opinión personal. Que requieren de tutela.

En esta situación de conflicto y guerra, la Democracia está obligada a mantener en alto los valores que defiende y no es precisamente este tipo de decisiones los que la refuerzan. La prohibición de los medios, sean del color que sean solo, pueden perjudicar a la Democracia.

Comprobar como se extiende una idea uniforme, homogénea y dirigida sin posibilidad de contraste es una de las cosas que lamento profundamente.

No he tenido ocasión asistir a ningún debate público en el que se pudiera abordar, con claridad, las diferentes opiniones al respecto de la situación actual, cómo afrontarla; cómo buscar la salida lo antes posible; qué decisiones deberían ser las más adecuadas para frenar esta masacre; la conveniencia o no de propiciar la mediación con la intervención de la Unión Europea cómo fuerza autónoma de otros actores; etc.

Sin embargo, observo perplejo, cómo el mensaje es único, permanente, se mire a dónde se mire, sin contraste, sin matices, lo cual nos puede llevar a no tardar mucho a una situación peligrosa en una sociedad que ha vivido recientemente tiempos de gran polarización.

La simple manifestación de dudas respecto hecho de que se esté enfocando adecuadamente las medidas para la búsqueda de la paralización inmediata de la guerra puede suponer que se acuse de herejes, prorrusos, o cosas peores, a cualquiera que así se exprese.

En la práctica eso solo puede acabar con la división en nuestra propia sociedad o con el silencio de las mentes críticas por autocensura.

El derecho del Sindicato (delegado o delegada sindical) a obtener información de la administración.

 

La falta de información al Sindicato sobre los temas que tienen acomodo en el Estatuto de los Trabajadores (art. 62 y 64) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (art. 10), en relación con el personal laboral, así como en el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 40), en relación con el personal funcionario y estatutario, entendidos en sentido amplio, como materias afectantes a las condiciones de trabajo del personal, puede constituir una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 164/93, de 18 de mayo; 61/89, de 3 de abril), en el sentido de que junto al derecho que conforman el núcleo esencial del derecho fundamental de libertad sindical, existen otros creados por la Ley, que conforman lo que se ha denominado el núcleo adicional de aquel derecho fundamental, de forma que el desconocimiento de estos derechos supone también violación del derecho fundamental.

En éste sentido, el derecho a la información sobre determinados temas de interés para el personal funcionario viene recogido en el TREBEP, y para el personal laboral en el Estatuto de los Trabajadores, posibilitándose el ejercicio de la acción sindical con el reconocimiento del derecho a la información de los delegados sindicales a través del art. 10.3 de la LOLS establece que los delegados sindicales tendrán los mismos derechos que los miembros de los Comités de Empresa y de los órganos de representación en las Administraciones, refiriéndose expresamente al derecho a obtener la misma información que éstos.

El art. 10.3 LOLS que mencionamos, establece idénticos derechos, a los efectos que nos ocupan a los delegados sindicales y al comité de empresa:

«(…) 3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:

1º. Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.

Y es que, como ha declarado de una forma reiterada el Tribunal Constitucional, el derecho a la libertad sindical, recogido en el art. 28.1 CE, comprende, junto a facetas puramente organizativas, también el derecho de los grupos sindicales a desplegar su actividad específica, esto es, el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el carácter democrático del Estado y con las coordinadas que a esta institución hay que reconocer (por todas, STC núm. 75/1992, de 14 de mayo). En este sentido, se encuentra dentro de sus facultades el derecho de información en tanto que guarda relación directa con la obligación que los representantes sindicales tienen respecto de los trabajadores a quienes representan. Así, éstos no sólo gozan del derecho a recibir información del empresario acerca de las cuestiones previstas en el art. 64 ET sino que también pesa sobre ellos el deber de mantener informados a sus representados. Y ello en tanto que ese flujo de información es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (SSTC núm. 94/1995, de 19 de junio y 168/1996, de 29 de octubre, entre otras muchas).

La Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-la Mancha de 3 de 3 de mayo Rec. sup. 168/1995, declara la existencia de una conducta antisindical a cargo del INSALUD, condenándole al cese de su comportamiento y a la indemnización al sindicato de 1.000.000 de pesetas. Quedó acreditado que diversos intentos de recibir información por parte del Sindicato CCOO del Gerente de un Hospital de Toledo no fueron atendidos por éste.

La Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía/Sevilla de 27 de enero de 1.995 Rec. Sup. 2898/1994, declara que constituye atentado a la libertad sindical la negativa del Servicio Andaluz de la Salud a dar información a CCOO sobre percepción de complemento de productividad por los cargos directivos. La misma Sala en sentencia de 22 de diciembre de 1.995 Rec. Sup. 6/1995) declara la existencia de vulneración del derecho fundamental cuando la Empresa se niega, entre otros extremos, a dar igual información y documentación a la sección sindical demandante que a otras secciones sindicales.

Entiende vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical, la sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 24 de marzo de 1998 Rec. Sup. 4786/1997 ante la negativa del Gerente de centro sanitario del Servicio Andaluz de la Salud, para dar información sobre complemento de productividad, política de personal, actividades de formación continuada, reconocimiento médico al personal expuesto a radiaciones, contrataciones.

La sentencia del TSJ de Baleares de 17 de mayo de 1.995 Rec. Sup. 229/1995, mantiene que se vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical, por parte de un Gerente de Hospital del INSALUD al no facilitar a sindicato información sobre horas de exceso realizadas por la plantilla en los años 1991 y 1992 y su abono o compensación.

La sentencia del TSJ de Andalucía/Málaga de 8 de marzo de 1.995 Rec. Sup. 352/1995 también entiende producida la vulneración del derecho al omitir la entrega de información.

La sentencia del TSJ de Andalucía/Málaga de 19 de julio de 1996 Rec. Sup. 2/1996, mantiene igual declaración como consecuencia de que el Ministerio de Defensa no reconoce a los delegados sindicales el derecho a las mismas competencias, funciones e información que tienen los miembros del Comité de Empresa. Condena al abono de indemnización.

La sentencia del TSJ Andalucía/Málaga de 30 abril 1998 Rec. Sup.  1486/1997 declara la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical ante la denegación de información a representantes sindicales sobre la política de personal de un Ayuntamiento contraviniendo lo establecido en el Convenio colectivo

La sentencia del TSJ de Madrid de 21 de febrero de 1.996 Rec. Sup. 6573/1995, entiende que la falta de información al sindicato actor sobre la cobertura de plazas en la Comunidad Autónoma de Madrid con incumplimiento de lo pactado en Convenio Colectivo vulnera el derecho de libertad sindical.

La sentencia del TSJ de Cantabria de 15 octubre 1998 Rec. Sup. 1198/1998 contiene igual pronunciamiento al ser denegada la información solicitada por un Sindicato contenida en determinados documentos.

   

Otras sentencias con doctrina que podéis consultar sobre la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en supuestos similares, son las del TSJ de Canarias/Sta. Cruz de Tenerife de 30 de septiembre de 1993 Ar. 3793; TSJ Andalucía/Sevilla de 29 de julio de 1994 Ar. 3120; ó TSJ Castilla-León/Valladolid de 20 de julio de 1993 Ar. 3447.

Específicamente refiriéndose a la obligación empresarial de entregar a los delegados sindicales copia básica de los contratos, la sentencia del TSJ Murcia de 24 abril 1999 Rec. Sup. 1594/1998 condena por vulneración del derecho del mismo derecho fundamental ante la negativa a entregar copias básicas de contratos, condenando igualmente a una indemnización.

La STSJ de Murcia de 10 de marzo de 1995, Rec. 1592/1994, entiende que la empresa vulnera el derecho de libertad sindical de uno de los miembros del Comité y Delegado Sindical por, entre otras cuestiones, no facilitarle copia básica de los contratos.

La STSJ de Murcia de 29 de septiembre de 1992, Rec. 7/1992, declarando el derecho de Delegado Sindical a recibir la copia básica de los contratos de trabajo.

Finalmente cabe hacer referencia al interesante Expte. No 60/2019 Resolución N.o 117/2019 del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana de 12 de septiembre de 2019 ante la falta de información y respuesta del Ayuntamiento de Guardamar del Segura a un sinfín de escritos de petición de información. Acceso al documento: https://tinyurl.com/y72az5jp

Las viejas políticas.

 Por Julio Conesa

Los tiempos que siguieron al 15M fueron ilusionantes por cuanto suponía una bocanada de aire fresco en el sistema y la esperanza de poder acceder a las instituciones de aquellos que procediendo de “las plazas” parecían condenados a no poder llegar a esos niveles de responsabilidad.

También tuvo un efecto evidente en los partidos tradicionales que se vieron obligados a mover ficha, a captar la corriente de renovación inaugurada para no quedar atrás. Así, caras nuevas empezaron a despuntar, mayor presencia de mujeres, incluso aparcando las chaquetas y saliendo a la arena en mangas de camisa.

Después, vinieron las elecciones, nacionales, municipales, autonómicas…cayó el bipartidismo, dicen que para no volver (veremos).

Pero lo cierto es que los cambios requieren de más tiempo para que se produzcan en profundidad y sólo así pueden imbricar en la sociedad, hacerse duraderos. Mientras tanto las fuerzas que aborrecen la modificación del “estatus quo” no han dejado de acechar constantemente en su obsesión por que las cosas vuelvan al cauce que les ha sido siempre favorable. No pueden tolerar por mucho tiempo que esta colada consolide una nueva fajana de realidad.

La resistencia al bipartidismo es más que evidente en la izquierda, no así en la derecha donde observamos claramente un proceso de reducción del espacio a dos actores principales con vistas a una integración de facto mas pronto que tarde, aunque mantengan ciertas apariencias diferenciadoras.

¿Que hemos observado en el ámbito municipal? Que el impulso inicial que representaron los llamados “ayuntamientos del cambio” se fue diluyendo (salvo alguna excepción) en el segundo proceso electoral municipal tras el 15M.

Y aunque de entrada siguió trasladándose la idea de que los políticos nuevos traerían nuevas políticas, lo cierto es que las aguas fueron retornando a los cauces establecidos, y así, la recuperación de mayorías absolutas, por ejemplo, sacó a flote aquello que alguien pensó ya desterrado.

En el ámbito municipal no llegó nunca a cuajar (en términos generales) un cambio profundo, al menos en lo que supone la política en materia de personal, gestión del gobierno interior, funcionamiento administrativo, relaciones entre el poder político y la representación legal de las trabajadoras y trabajadores municipales.

Si durante años tuvieron que ser los tribunales los que mediaran, obligando a cumplir las normas en materia de negociación, pues ahora más de lo mismo.

La judicialización de las relaciones laborales en el ámbito de las entidades locales es desde siempre el cauce normal de solución al “no entendimiento”. La vieja y obsesiva política de no reconocer las obligaciones que conlleva la negociación colectiva y la buena fe en el proceso, siguen siendo el mayor obstáculo para que entre, con pleno derecho, la democracia laboral en los ayuntamientos.

Supongo que los partidos y organizaciones política forman a sus representantes en las administraciones en aquellas materias que han de gestionar: urbanismo, medioambiente, seguridad…. Pero parece evidente que ni antes, ni ahora, los tiempos inaugurados por el 15M han supuesto una inflexión, un cambio de modelo en el trato, unas relaciones laborales como exige una democracia plena en los ayuntamientos: respeto por los derechos y reconocimiento de la contraparte como un igual con el que hay que alcanzar acuerdos en interés del funcionamiento, eficacia y eficiencia de los servicios a la ciudadanía.

¡Que calaña!

 

Por Julio Conesa.

En ocasiones uno se entera de sucesos que pensaba sólo fruto de la imaginación o de algún argumento de película, pero no, va y resulta que es pura verdad, como aquello que en ocasiones ve en la gran pantalla y le hace reflexionar.

Hace unos días me encontré con una compañera, delegada de personal del ayuntamiento de Burjassot y profesora de fotografía en la Casa de la Cultura, que me traslado malas noticias. Había solicitado la extinción de su relación laboral con el ayuntamiento. Y la razón era el cambio sustancial que habían impuesto de manera unilateral en sus condiciones de trabajo, convirtiéndolo en un puesto de trabajo irrelevante, casi en anecdótico.

Ya había recogido su finiquito. Me quedé sorprendido. Con la que está cayendo, ¿quién se marcha y ya está? 

Me explicó cómo había acabado el acoso y derribo que llevaba sufriendo desde junio del 2020, que le modificaron los horarios imponiéndole los cambios con decisiones unilaterales de manera sucesiva durante más de un año; que se había producido a pesar de su condición de delegada de personal, o tal vez por esta razón. 

Decisiones como la comunicación verbal de su despido en junio del 2020 que finalmente no se formaliza; no llamarla a que se incorporara en su puesto de trabajo para el curso 2020-2021, sin previo aviso ni informe técnico alguno que lo avalase y que suponía un agravio comparativo en relación al resto de cursos municipales que sí se estaban llevando a cabo en aulas del consistorio, con la excusa de la pandemia, por lo que se paso un año sin empleo ni sueldo y solo lo hicieron con los cursos de cultura y no con el resto de propuestas educativas municipales desarrolladas también en aulas municipales...  hasta la eliminación sin previo aviso ni consulta del actual proyecto docente. Proyecto sustituido por unos cursos con unas nomenclaturas genéricas, e incluso con cursos que no se correspondían con su profesión y ocupaban casi la mitad de su jornada laboral; cursos, todos ellos, carentes de contenidos y que eliminaban la posibilidad de continuidad del alumnado.

De todo el proyecto docente, solamente dejaron medio vivo un curso, y ni tan siquiera lo dotaron de las herramientas necesarias para poder impartirlo correctamente. Con una previsible disminución de matriculas que, además, cerraron drásticamente, algo inédito hasta el momento. 

Me contaba que había llegado hasta donde ha sido posible, pero que su salud física y emocional se está resintiendo mucho y que tras 20 años de servicio no podía aguantar más porque, sencillamente -no puedo más y no me han dejado ninguna otra alternativa-

Le pregunté por los motivos de toda aquella política y me dijo que no lo sabía, que no entendía nada. Como a estos políticos del ayuntamiento les podía importa tan poco la cultura y el trabajo de la gente para ir cargándose sibilinamente todo un proyecto de cursos, pero menos aún la forma y saña con la que lo habían hecho.

Yo pensé que sí. Que en ocasiones hay políticos que usan las malas artes para quitarse de encima a quienes molestan como empresarios decimonónicos, amos y señores del destino de las personas. Pero eso sí, con métodos que aparenten normalidad justificada. 

Me dijo que lamentaba profundamente el haberse quedado sin el trabajo con el que tanto disfrutaba, con una indemnización pequeña en relación incluso al despido objetivo, sin derecho a paro y, debido a la disminución de la jornada impuesta, con un subsidio totalmente ridículo. Pero que no aguantaba más. Y que lamentaba no seguir al lado se sus compañeros y compañeras, con el personal docente del ayuntamiento al que, por cierto, siguen vapuleando.

Me quedé reconcomiéndome por dentro, animándola, y convencido que la lucha sindical no es sólo por mejoras laborales, sino contra estas malas prácticas, contra esta calaña.

Mi artículo fue publicado en Levante de l'Horta el 6/11/2021, y en mi blog "PRAXIS LOCAL" 

Sugiero que denuncies todos los casos semejantes. Hay que acabar con esta calaña!

* Enviar los mensajes a denunciarhastaqueseacabe@gmail.com.

* Centro de trabajo.

* Persona o personas afectadas.

* Cargo del responsable político de los hechos.

* Actuaciones realizadas para resolver o paliar la situación.

* Situación actual.