jueves, 18 de febrero de 2021

Corporativismo: Factor de disgregación.


Por Julio Conesa.

Superado en la generalidad de los casos la disfunción entre personal laboral y funcionario sobre la base de la progresiva y justa equiparación en condiciones laborales (aún hay quien piensa que ser funcionarios es más importante que ser laboral, aunque ambos hayan pasado por los correspondientes procesos selectivos). Debemos seguir padeciendo otro fenómeno de disgregación y división entre los empleados públicos: El corporativismo.


En nuestra realidad inmediata hemos oído tachar de corporativismo determinadas actitudes de un grupo profesional: médicos, profesiones liberales, en general grupos de élite. Pero también en el mundo de los asalariados se dan estas actitudes: pilotos de aviación, maquinistas de trenes, empleados de prisiones, inspectores de hacienda, profesores, etc.…, nunca entre ebanistas, matriceros, piseros, soldadores, albañiles, jardineros....


La posición ideológica de estos grupos es la del “egocentrismo gremial”, consideran la sociedad atomizada, dispersa y dividida, por lo que entienden que cada uno debe tirar para él e intentar sacar la mejor tajada posible. Mayoritariamente estos grupos se sienten fuertes porque les ampara un vínculo especial, una profesión, un signo diferenciado, un uniforme, una realidad que consideran específica, diferente de la del resto del personal asalariado.


De manera absurda, convierten sus reivindicaciones en las únicas que parecen tener sentido, arropándose de un victimismo que los sitúa en una especie de círculo, donde todo confluye hacia ellos. Son el centro. Son los paganos de la crisis, los que no se merecen la situación por la que atraviesan. Están hartos de oír que todos los trabajadores y trabajadoras deben unirse en la defensa común de las reivindicaciones y exigen un protagonismo propio, ponen en primer lugar la lucha por lo suyo, considerado prioritario ante el bien general.


En las administraciones se identifica claramente con sindicatos de corte “profesional”. Pero no debemos perder de vista las asociaciones de técnicos, o las de personal de administración general, o las de inspectores, o las de técnicos medios. Todos ellos van a dar de sí en el marco de las elecciones sindicales, a grupos independientes, coaliciones de trabajadores no afiliados, en algunos casos llegan a situarse en la órbita del llamado sindicalismo “independiente”, pero ninguno de ellos puede alcanzar la suficiente entidad como para representar en el ámbito global de las administraciones públicas, aunque sí en el concreto de la realidad del centro de trabajo donde están organizados.


Sólo parece haber una manera de responder.


En primer lugar, sabiendo que son una realidad “objetivamente antisindical”, pues llevan en ellos mismos el germen de la división y la confrontación de intereses entre trabajadores, ya que por propia naturaleza no tienen una visión global, unitaria y de clase, buscando su satisfacción por encima de los otros. 


En segundo lugar, se deben dar alternativas serias y creíbles a las reivindicaciones del personal al que se dirigen, y ser capaces de integrar con propuestas específicas y en lo concreto a los compañeros y compañeras de ese colectivo al que se dirigen los corporativos y al que intentan representar. 


lunes, 15 de febrero de 2021

Para atrás como cangrejos.


Por Julio Conesa.

Decía Marcelino Camacho que con todo lo que luchó CCOO por traer la democracia a este país, ésta se había quedado a las puertas de las empresas.


Y es que la cultura empresarial española, más preocupada por los costes salariales en la producción que por la calidad de los productos o por ganar los mercados con inversión y mejoras competitivas, no ha cambiado aún, en su inmensa mayoría.


Esa misma cultura vive instalada en la mayoría de las administraciones locales. Nuestros empresarios, los políticos de turno, no hacen más que imitar esa pobre concepción del funcionamiento de los negocios.


Y es así como se entiende que una y otra vez vuelvan a la carga con estos viejos esquemas.


Pasan los periodos de mandato y sigan los mismos o entren nuevos, cambie el signo político del gobierno local de turno o no, parecen “paridos todos de la misma manera” (o casi todos).


Que desgracia la nuestra. 


Alguien debería darles cursos de relaciones laborales modernas a todos ellos. Hablarles de negociación, de diálogo, de acuerdos y pactos, de mejorar el clima laboral para ganar la mutua confianza que es necesaria para desarrollar políticas de calidad en materia de servicios a la ciudadanía.


Al contrario. Vemos la obsesión enfermiza por reducir los “costes salariales”. Una presunción de culpabilidad hacia las empleadas y empleados públicos que les lleva a gastar el dinero de todos en sistemas de “control de asistencia” con huella dactilar, con identificación facial, como si estuviéramos hablando de acceso a lugares reservados, en lugar de simplemente venir o no a trabajar, de llegar o no con puntualidad, etc.


Se banaliza hasta la extenuación este tema perdiendo de vista la deshumanización que implica, la omisión de un deber básico de jefes y jefas: la relación diaria con sus subordinados y el control de estos en su asistencia y quehacer. Se deriva dicha responsabilidad en sistemas informáticos de tratamientos de datos personales que finalmente suponen un gasto excesivo para un tema que debería resolverse de manera sencilla y próxima.


Y ahora, una vuelta de tuerca más. Imprescindible. Esta sí. Pero sin la adecuada manera de proceder. Los sistemas de gestión de datos personales del personal de los Ayuntamientos.


¿Cuántas administraciones locales han abierto un periodo de diálogo, reflexión, negociación y acuerdo con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores sobre la aplicación de estos sistemas?


¿Porqué debe convertirse de nuevo en un elemento de conflicto laboral algo ya regulado por ley y cuya aplicación debe negociarse y llevarse acabo de manera colaborativa?


Pues ahí estamos.  


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